viernes, 27 de abril de 2012

El suicidio económico según Krugman


El suicidio económico de Europa

La austeridad fiscal que promueve Alemania está ahogando a sus socios europeos


La semana pasada, The New York Times informaba de un fenómeno que parece extenderse cada vez más en Europa: los suicidios “por la crisis económica” de gente que se quita la vida desesperada por el desempleo y las quiebras de las empresas. Era una historia desgarradora, pero estoy seguro de que yo no era el único lector, especialmente entre los economistas, que se preguntaba si la historia principal no será tanto la de las personas como la de la aparente determinación de los líderes europeos de cometer un suicidio económico para el continente en su conjunto.
Hace solo unos meses albergaba algo de esperanza respecto a Europa. Es posible que recuerden que a finales del pasado otoño Europa parecía estar al borde de la crisis financiera, pero el Banco Central Europeo, homólogo europeo de la Reserva Federal estadounidense, acudió al rescate. Ofreció a los bancos europeos unas líneas de crédito indefinidas siempre que presentaran bonos de los Gobiernos europeos como garantía, lo que ayudó directamente a los bancos e indirectamente a los Gobiernos, y puso fin al pánico.
La cuestión por aquel entonces era saber si esta acción valiente y eficaz sería el inicio de un replanteamiento más amplio, y si los líderes europeos usarían el oxígeno que el banco había insuflado para reconsiderar las políticas que llevaron las cosas a un punto crítico en primer lugar.
Pero no lo hicieron. En vez de eso, persistieron en sus políticas y en sus ideas que no dieron resultados. Y cada vez resulta más difícil creer que algo les hará rectificar el rumbo.
Ya no se puede hablar de recesión; España se encuentra en una depresión en toda regla
Piensen en la situación en España, que actualmente es el epicentro de la crisis. Ya no se puede hablar de recesión; España se encuentra en una depresión en toda regla, con una tasa de desempleo total del 23,6%, comparable a la de EE UU en el peor momento de la Gran Depresión, y con una tasa de paro juvenil de más del 50%. Esto no puede seguir así, y el hecho de haber caído en la cuenta de ello es lo que está incrementando cada vez más los costes de financiación españoles.
En cierta forma, no importa realmente cómo ha llegado España a este punto, pero por si sirve de algo, la historia española no se parece en nada a las historias moralistas tan populares entre las autoridades europeas, especialmente en Alemania. España no era derrochadora desde un punto de vista fiscal; en los albores de la crisis tenía una deuda baja y superávit presupuestario. Desgraciadamente, también tenía una enorme burbuja inmobiliaria, que fue posible en gran medida gracias a los grandes préstamos de los bancos alemanes a sus homólogos españoles. Cuando la burbuja estalló, la economía española fue abandonada a su suerte. Los problemas fiscales españoles son una consecuencia de su depresión, no su causa.
Sin embargo, la receta que procede de Berlín y de Fráncfort es, lo han adivinado, una austeridad fiscal aún mayor.
Esto es, hablando sin rodeos, descabellado. Europa ha tenido varios años de experiencia con programas de austeridad rigurosos, y los resultados son exactamente lo que los estudiantes de historia les dirían que pasaría: semejantes programas sumen a las economías deprimidas en una depresión aún más profunda. Y como los inversores miran el estado de la economía de un país a la hora de valorar su capacidad de pagar la deuda, los programas de austeridad ni siquiera han funcionado como forma de reducir los costes de financiación.
Lo que es realmente inconcebible es mantener el rumbo actual e imponer una austeridad cada vez más rigurosa
¿Cuál es la alternativa? Bien, en la década de 1930 —una época cuyos detalles la Europa moderna está empezando a reproducir de forma cada vez más fiel— el requisito fundamental para la recuperación fue una salida del patrón oro. La medida equivalente ahora sería una salida del euro, y el restablecimiento de las monedas nacionales. Pueden decir que esto es inconcebible, y que sin duda alguna sería enormemente perjudicial tanto económica como políticamente. Pero lo que es realmente inconcebible es mantener el rumbo actual e imponer una austeridad cada vez más rigurosa a países que ya están sufriendo un desempleo de la época de la Depresión.
Por eso, si los líderes europeos quisieran realmente salvar al euro estarían buscando un rumbo alternativo. Y la forma de dicha alternativa es en realidad bastante clara. Europa necesita más políticas monetarias expansionistas, en forma de buena disposición —una buena disposición anunciada— por parte del Banco Central Europeo para aceptar una inflación algo más elevada; necesita más políticas fiscales expansionistas, en forma de presupuestos en Alemania que contrarresten la austeridad en España y en otros países en apuros de la periferia europea, en vez de reforzarla. Incluso con esas políticas, los países periféricos se enfrentarían a años de tiempos difíciles, pero al menos existiría alguna esperanza de recuperación.
Sin embargo, lo que estamos viendo en realidad es una falta de flexibilidad absoluta. En marzo, los líderes europeos firmaron un pacto fiscal que establece de hecho la austeridad fiscal como respuesta ante todos y cada uno de los problemas. Mientras tanto, los principales directivos del banco central insisten en recalcar la voluntad del banco de aumentar los tipos a la más mínima señal de una inflación más elevada.
Por eso resulta difícil evitar una sensación de desesperación. En vez de admitir que han estado equivocados, los líderes europeos parecen decididos a tirar su economía —y su sociedad— por un precipicio. Y el mundo entero pagará por ello.
Paul Krugman, premio Nobel de Economía 2008, es catedrático de la Universidad de Princeton.
Traducción de News Clips.
© 2012 New York Times News Service

viernes, 20 de abril de 2012

Beatriz Diéguez, finalista en la I Olimpiada de Economía de Extremadura




Beatriz Diéguez Gallego, de 2º de bachillerato F, ha quedado la primera finalista en la primera Olimpiada de Economía de Extremadura organizada por la Universidad de Extremadura, celebrada el pasado día 14 de abril en la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz, fase local de la IV Olimpiada Española de Economía.
Esto significa que Beatriz asistirá a la fase nacional si alguno de los tres primeros alumnos seleccionados no pudiera asistir a las pruebas que tendrán lugar en Albacete.
La Olimpiada Española de Economía, tanto en su fase nacional como local, es un concurso de carácter académico y educativo cuyos objetivos consisten en incentivar y estimular el estudio de la Economía entre los jóvenes, premiar el esfuerzo y la excelencia académica, divulgar los estudios de
Economía, así como establecer vínculos estables entre las Universidades, los centros de educación secundaria, los profesores de Economía de Bachillerato y los alumnos interesados en el mundo de la Economía, que serán los futuros estudiantes en las Facultades.
Actualmente, numerosas Facultades de Economía participan y colaboran en el desarrollo de la IV Olimpiada Española de Economía que vivirá su Fase nacional en Albacete en junio/julio de 2012, de cuya organización se encarga la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Castilla La Mancha.
Felicitar a Beatriz por su ilusión, esfuerzo e implicación así como también agradecer a los alumnos de 2º de bachillerato F ( Diego Sobrino, Francisco Zurita y Sheila Rodríguez) su participación en este concurso.

jueves, 19 de abril de 2012

La nacionalización de REPSOL



Alberto Garzón Espinosa. Consejo científico de ATTAC España.

El gobierno de Argentina, presidido por Cristina Fernández de Kirchner, ha confirmado los rumores de los últimos días y ha anunciado la nacionalización de la empresa YPF, filial de la multinacional REPSOL. En este post recopilamos la información más relevante que hemos publicado estos días sobre esta cuestión.
En primer lugar conviene hacer algunas aclaraciones acerca de la propia medida, pues de momento las informaciones son imprecisas. Se habla tanto de “expropiación” como de  “nacionalización” y de “compra”, sin precisar mucho más. Las definiciones son importantes y deben acompañar a los conceptos, pero hasta el momento la información disponible nos indica que se trata, efectivamente, de una nacionalización –por lo tanto pagada, pero sin precio asignado hasta el momento- por parte del gobierno argentino. No se trata de una decisión voluntaria por parte de las dos partes, sino de una decisión unilateral que, no obstante, asigna un precio a la entidad por adquirir[1].
En segundo lugar, YPF es una entidad que no es propiedad al cien por cien de la multinacional Repsol. En realidad Repsol controla en torno al 57% de YPF, lo que la convierte en el socio mayoritario y el que tiene poder de control y gestión, pero no es el beneficiario pleno de la actividad de YPF. El resto de la empresa es propiedad de capital privado argentino y de capital flotante (propiedad de capital argentino y extranjero).
En tercer lugar, la historia es importante. YPF fue fundada en 1922 por el Estado argentino y fue de titularidad pública hasta 1992, cuando comenzó el proceso de privatización auspiciado por los organismos internacionales –especialmente el Fondo Monetario Internacional- en el marco de los llamados planes de ajuste. La empresa terminó de privatizarse en 1999 cuando Repsol –otra empresa que fue en otro tiempo pública, en este caso española- se hizo con la mayoría de las acciones de YPF.
Durante la etapa de la “sustitución de importaciones” -a partir años treinta- YPF jugó un rol fundamental en la reestructuración de la economía argentina. La influencia de los autores dependentistas y neomarxistas llevó a Argentina a una estructura económica que la situó entre los países más avanzados del mundo en la época de posguerra, atrayendo a gran parte de los refugiados por la II Guerra Mundial. Su modelo de exportación de materias primas fue progresivamente sustituido por uno en el que la industria jugaba un rol crucial, proporcionando un modelo de crecimiento más sólido que permitió unas condiciones laborales estables y un incipiente sistema de protección social.
Tras la dictadura militar y la crisis estructural de los años setenta y ochenta, el gobierno argentino de Carlos Menem fue el responsable de la privatización, si bien fueron las políticas del Consenso de Washington las que inspiraron dicho proceso. Junto a esa privatización se dieron reformas estructurales que llevaron a la privatización de los planes de pensiones, reformas en el mercado de trabajo que precarizaron las condiciones laborales y otras reformas que llevaron a la gravísima crisis de 2000. Sólo después de que Argentina se rebelara contra el FMI y sus planes de ajuste, incluso acometiendo una quita de la deuda –no pagar parte de la deuda externa-, pudo el país volver a remontar aquella situación.
En cuarto lugar, Repsol no es técnicamente una empresa española, y en absoluto es propiedad de todos los españoles. Más del 50% de la multinacional es propiedad del capital extranjero (el 42% pertenece a fondos de inversión extranjeros –gestionados habitualmente por grandes bancos- y el 9’5% pertenece a la empresa mexicana PEMEX). El resto de la empresa es propiedad del grupo de capital privado español Sacyr (10%), de una entidad financiera española como Caixabank (12’83%) y de más capital privado español.
En quinto lugar, Repsol proporciona beneficios a la economía española que podrían considerarse nimios. Repsol declara en España el 25% de sus beneficios totales por todo el mundo, y en 2010 pagó impuestos aquí por valor de 949 millones de euros a un tipo impositivo efectivo del 26’8%. Ello quiere decir que ni siquiera paga el 30% que corresponde como tipo nominal por tributar en España. Repsol paga otro tipo de impuestos en los países donde opera, como Argentina o Libia, pero también tiene operaciones en paraísos fiscales. Y su operativa financiera muy probablemente no se contabilice en España.
En sexto lugar, el crecimiento y desarrollo de Repsol –que debe mucho a la privatización argentina de YPF- no es igual de beneficioso para todas las partes que conforman la multinacional. Mientras los beneficios contables han crecido un 11’97% entre 1998 y 2007, el salario medio de sus empleados sólo ha crecido un 1’71%. Eso quiere decir que los mayores beneficiados han sido los accionistas privados –fundamentalmente grandes empresas extranjeras y otras españolas- y no sus trabajadores.
En séptimo lugar, Repsol-YPF en tanto que empresa privada sólo persigue maximizar el beneficio en el corto plazo –para sus accionistas, además-, de modo que su estrategia empresarial no tiene por qué alinearse necesariamente con la estrategia de desarrollo de la economía argentina. Esta es precisamente una de las razones que aduce el gobierno argentino, que desea recuperar la empresa para poder usarla como instrumento efectivo de desarrollo.
En definitiva, hablamos de un fenómeno económico que debe analizarse desde un enfoque adecuado. No están enfrentados los intereses de dos naciones distintas, sino los intereses nacionales de Argentina y los intereses económicos de sujetos privados de distintas nacionalidades –y entre ellas, en menor grado, españoles-. Por lo tanto, es una falacia considerar esta medida económica como un ataque a España. Es una compra legal, que en todo caso podría estar minusvalorada –ya veremos-, y que afecta a los intereses de unos sujetos económicos –grandes empresas y bancos- que no comparten beneficios con el resto de la sociedad.

jueves, 12 de abril de 2012

¿ Cómo se financia la sanidad en España?

Noticia publicada en el diario el País el día 10 de abril de 2012
La financiación del sistema sanitario depende, básicamente, de la voluntad de los gestores autonómicos. Salvo partidas muy pequeñas, como el céntimo sanitario (en verdad, 4,2 céntimos que se puede aplicar a cada litro de combustible) o los programas del ministerio (desaparecidos en estos Presupuestos Generales del Estado), las comunidades deciden qué gastan y cómo lo gastan, si dedican el dinero a construir ambulatorios, escuelas o teatros, por ejemplo. Esto es lo que en el sector se conoce como que no existe una partida finalista (que se dé con la condición de que debe gastarse en sanidad), según el modelo de financiación sanitaria que se aprobó cuando se completaron las transferencias en 2002, gobernando el PP.


¿De dónde viene el dinero de las comunidades?
No hay una partida estatal para sanidad. El Gobierno central hace de recaudador: da un total de lo que ingresa por impuestos a las comunidades, y estas lo pueden gastar en lo que quieran sin más condiciones. Lo mismo sucede con los impuestos autonómicos, salvo el céntimo sanitario.

¿Y el del Estado?

El Estado se nutre de los impuestos: IRPF, sociedades, capital, IVA, especiales. De ahí sale el dinero que aporta a las comunidades para que estas, que soportan el gasto sanitario, cubran las necesidades de los ciudadanos. Pero no da una partida específica para sanidad.

¿Qué papel tiene la Seguridad Social?

Aunque los ciudadanos seguimos identificando sanidad gratuita y universal con la Seguridad Social –y hasta el diccionario de la Academia lo recoge así-, el vínculo desapareció con la Ley General de Sanidad de 1986, que estableció que la prestación debería ser universal y gratuita. Lo que sucedió es que, por cuestiones burocráticas, se mantuvo el sistema de cartillas, que ligaban el hecho de trabajar –y cotizar- con el derecho a la prestación. Esta relación ha quedado definitivamente rota con la última ley de Salud Pública, de 2011, que establece que deben acabarse las excepciones para que todo español, por el hecho de serlo, tenga derecho a la atención independientemente de lo que gane o declare (de alguna manera, el DNI debería ser la cartilla sanitaria). La cantidad para Seguridad Social que se descuenta de las nóminas no está destinada a pagar la atención sanitaria, sino el paro o la jubilación. Y el mantenimiento del sistema es lo que se intentó asegurar en el pacto de Toledo. Es decir: nadie paga un impuesto específico para ser atendido por la sanidad pública.

¿Cuánto se gastan las comunidades?

Los presupuestos de 2011 de las comunidades autónomas para sanidad sumaban 57.400 millones de euros. Pero solo a los laboratorios se les deben 6.300 millones (datos a 31 de diciembre), y a las empresas de tecnología sanitaria, las que fabrican desde tiritas a marcapasos, 5.200 millones, según las respectivas patronales, Farmaindustria y Fenin. A ello hay que sumar otros proveedores (sanidad privada concertada), mas de 2.000 millones, y las farmacias (otro tanto). Y lo que haya aumentado en lo que va de año. Por ejemplo, Fenin calculaba que en febrero la deuda era ya de 5.493 millones, un 5% más. Por eso Guindos habla de 16.000 millones. La deuda ha ido creciendo año a año desde 2004, cuando se supone que estaba a cero, pero ya en 2005, primer año del Gobierno del PSOE, se hablaba de 3.000 millones. En los últimos años, al disminuir la recaudación de impuestos por la crisis, se ha disparado, y se ha duplicado desde 2008.

¿De qué depende la atención?

El principio del sistema sanitario es que se trata por igual a todos los pacientes, independientemente de lo que hayan pagado en impuestos. Nadie paga en un hospital, por ejemplo, gane dos millones o 400 euros al mes. Las únicas diferencias que hay se dan en la prestación farmacéutica. De una manera general, los jubilados no pagan los medicamentos y los trabajadores (o parados en edad de trabajar) el 40%. Hay excepciones, pero no dependen de los ingresos. Nadie paga por los medicamentos de dispensación hospitalaria (los que dan al paciente ingresado o dispensan las farmacias hospitalarias a personas con algunas patologías como cánceres y sida aunque sea para que los tomen en su casa). Los enfermos crónicos que no estén jubilados tienen un límite en la aportación del 10% del precio del medicamento.

¿Todos recibimos lo mismo?

No. Existe un catálogo de prestaciones comunes fijado en un real decreto, que ahora va a revisarse y convertirse en ley. Esto lo fija el ministerio (se supone que pactado con las comunidades) y es obligatorio. Pero fija los mínimos que debe recibir todo ciudadano. Pero las comunidades pueden exceder este mínimo -que es de los más amplios del mundo-, y, si quieren, ir más allá. Aunque no tienen demasiado margen, hay diferencia en prestación bucodental (da más País Vasco), algunas cirugías estéticas, prótesis o algunos fármacos, como los tratamientos para dejar de fumar que Navarra fue la primera en financiar.

¿Todas las comunidades ofrecen lo mismo?

Si se atiende a un reparto geográfico de la oferta, hay servicios que están concentrados en algunas comunidades. Se trata de prestaciones muy complicadas o que tienen poca demanda, y que se prestan en centros de referencia. Eso quiere decir que todos los ciudadanos pueden recibirlas, pero tienen que desplazarse. Ese traslado debe ser cubierto por la comunidad autónoma de residencia, y el ministerio dota un Fondo de Cohesión para pagar la atención.

La amnistía fiscal

Colección de artículos publicados por alumnos de 1º Bachillerato - Curso 2011 / 2012Laura Galán y Cristina Corchado de 1º F